CAMOVA
Como latinoamericanos que somos, nos sentimos muy orgullosos de ver como este
Continente no se queda callado ante hechos tan injustos, inhumanos como el caso de la Directiva de retorno en donde la Unión Europea, aprueba una ley de antimigración que atenta contra los derechos humanos.
Era de esperarse, que una Latinoamérica que ha vuelto a emprender sus acciones en pro de lograr una verdadera integración, en donde se manifieste como debe ser la igualdad, fraternidad, equidad, justicia social, ese ideal por el que luchó, murió el Libertador Simón Bolívar, se pronunciara ante este atropello, en donde jamás se iba aceptar la aprobación inhumana, que atenta contra todos los derechos humanos de la Ley antimigración europea, más, una Latinoamérica que fue tiempo atrás vilipendiada, saqueda, maltratada, explotada por países Europeos, como España. Portugal, a pesar de haberle abiertos sus puestas a italianos, españoles, franceses, alemanes, portugueses.
Era de esperarse que tal hecho ya ha dado paso a protestas, a opiniones de los gobernantes de algunos países latinoamericanos, en donde sus Gobiernos, parlamentos e instituciones regionales expresaron su rechazo a la ley de inmigración sancionada por el Parlamento de la Unión Europea (UE), denominada "Directiva de Retorno", que criminaliza a los indocumentados y ordena su encarcelamiento.
De manera unánime, mandatarios y voceros calificaron la medida como discriminatoria y violatoria de los derechos humanos, y manifestaron su temor por el cariz que ha tomado la política exterior europea, en pleno siglo XXI.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, como titular pro témpore de la Comunidad Andina (CAN), deploró la normativa y expresó que buscarán respuestas claras, pues opinó que la medida es contradictoria, toda vez que la CAN y la UE están evaluando un acuerdo político comercial.
"De qué cooperación están hablando cuando se trata de criminales a los migrantes", dijo y aseveró que si dependiera de su gobierno, "suspendería esas negociaciones" pues "¿acaso vamos a hablar solo de negocios y hacernos de la vista gorda con los derechos humanos?."Los países civilizados no podemos hablar con países que han ejercido esa clase de conductas".
El presidente boliviano Evo Morales, aseveró que la decisión de la UE es "una agresión a la humanidad y a la vida".
El Jefe de Estado andino exhortó a los parlamentarios y gobernantes de la UE a ponerse "la mano en el pecho y revisar la historia". Les recordó que "en 500 años nunca se decidió expulsar a nadie" de América Latina pese a que "nos han saboteado, saqueado, humillado, odiado y explotado".
A estas posiciones se suman la del ex presidente cubano Fidel Castro quien calificó la medida como "brutal" y el mandatario venezolano quien advirtió a los países que apliquen esta normativa, que suspenderá el suministro de petróleo.
Por su parte el presidente Hugo Chávez dijo: "Hay que rechazar con toda el alma esta llamada Directiva del Retorno" que criminaliza a los inmigrantes,
El Presidente Peruano Alan García, de centroderecha, afirmó que la medida "no es justa", ya que no se puede sancionar a muchos por los delitos de algunos pocos.
García aseveró que con esta política, Europa "le da la espalda a la historia", pues excluye a los inmigrantes que han generado aportes a ese continente.
El mandatario peruano dijo que su Gobierno no sólo "defenderá a sus connacionales, sino a todos los latinoamericanos. Por los delitos de unos cuantos no pueden sancionar a los millones de latinoamericanos que existen".
Daniel Ortega de Nicaragua se pronunció y señaló: esa ley donde establecen penas de cárcel para los inmigrantes es terrorista" ya que "incluye forma y mecanismos de chantaje para sacar a los inmigrantes de Europa". "Todo esto se llama terrorismo de Estado y lo están practicando los europeos, y nosotros lógicamente lo condenamos",
Ecoportal.net al respecto señala, que Argentina, en su carácter de presidente protémpore del mecanismo de integración, emitió un comunicado en el que aseveró que los países del bloque "lamentan la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la Directiva de Retorno".
En la declaración, los países del Mercosur -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay y Venezuela, así como sus asociados, Chile y Bolivia- "reafirman su firme compromiso con la promoción y el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias".
Los latinoamericanos, países como Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay por mencionar algunos siempre han estado abierto a la emigración, siempre han abiertos sus manos a todos aquellos ciudadanos que deciden venir a sus tierras a formar un hogar, hacer su vida, trabajar, a aportar sus conocimientos, labores, le han dado la oportunidad sin muchas trabas sin discriminación de razas, nacionalidades siempre respetando de los derechos humanos.
Para los países Latinoamericanos, los derechos de las personas deben ser garantizados "independientemente de su condición migratoria, nacionalidad, origen étnico, género o edad", así como "la necesidad de reconocer el principio de corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios".Justamente estos punto son determinantes en su protesta, en el negativismo ante esa ley aprobada.
El gobierno brasileño ya había "lamentado" tal decisión a través de un comunicado, la medida europea: "Brasil, país que dio acogida a millones de inmigrantes, lamenta una decisión que contribuye a crear una percepción negativa de la inmigración", La medida "va en sentido contrario al de una deseada superación de las trabas a la libre circulación de personas y de una más amplía y plena convivencia entre los pueblos",
Chile que le ha dado refugio a muchos europeos, especialmente alemanes no se quedó atrás y la Cancillería de Chile, indicó, que el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet "lamenta" la aprobación de un nuevo plan migratorio europeo, y que considera que viola los derechos fundamentales al criminalizar a los inmigrantes ilegales.
Bajo esta regulación se les somete "a procedimientos que pueden lesionar sus
derechos básicos y que vulneran el principio de reunificación familiar consagrado en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos".
Chile además "reclama un tratamiento justo y humanitario en favor de los inmigrantes en la Unión Europea, en correspondencia con el trato generoso y abierto que Chile y el resto de América Latina han brindado tradicionalmente a los nacionales europeos en sus territorios
Definitivamente nadie puede aprobar el encarcelamiento en centros especiales de los inmigrantes no regularizados, por un período que va desde 6 meses a 18 meses y sin derecho a un proceso jurídico, ni tampoco la expulsión de menores no acompañados y la prohibición de regresar a la UE.